Neimar Claret Andrade
Un grupo de agricultores de avena procedentes de varias regiones del país, protestaron frente a la planta de procesamiento Avena Top, en la comuna de Freire, región de La Araucanía, para alzar la voz en defensa de sus propios derechos y de los de todas las comunidades rurales que han sido afectadas por los abusos de la industria.
La información fue dada a conocer por el presidente de la Agrupación Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, quien explicó que “esta manifestación no es una lucha de unos pocos, es una lucha de todos por terminar con las prácticas abusivas que han destruido la economía rural, empobrecido al sur de Chile y llevado a la desesperación a miles de familias que dependen de la agricultura para vivir”.
Asimismo detalló que, en el caso de la avena, se hace evidente cómo los abusos de la industria procesadora afectan a los agricultores y a las comunidades, abusos que, a su modo de ver, se dan porque se cumplen todas las condiciones que definen una distorsión de mercado: concentración de compradores, poder de negociación desproporcionado, barreras significativas de entrada y un entorno que facilita la coordinación entre competidores.
Con respecto a la concentración de compradores, Guzmán puntualizó que “la industria de la avena está dominada por un pequeño número de plantas procesadoras, como Avena Top, que controlan el mercado en determinadas regiones y dejan a los agricultores sin alternativas reales para negociar precios”.
“Estas plantas —agregó— imponen precios en pesos a los agricultores, mientras venden en dólares al mercado internacional, aprovechándose de los altos valores globales de este commodity. Mientras tanto, los agricultores deben pagar todos sus insumos como fertilizantes, semillas, combustibles y maquinaria en dólares, generando una desigualdad insostenible en la cadena productiva”.
Acerca de lo que llamó las barreras significativas a la entrada, el timonel de Agricultores Unidos planteó que “las altas inversiones necesarias para operar en este mercado, junto con la concentración de infraestructura en pocas manos, impiden que nuevos actores puedan competir y equilibrar las condiciones del sector, mientras que la falta de regulación efectiva y la inexistencia de competencia real, permiten que las plantas procesadoras ajusten unilateralmente los precios a su conveniencia, sin considerar el impacto devastador que estas decisiones tienen en las comunidades rurales”.
“Es una vergüenza —afirmó— que tengamos que llegar al punto en que el Estado deba intervenir para corregir estos abusos. Todos valoramos y fomentamos la libertad económica, pero cuando hay un bajo nivel ético y moral y no existe autocontrol en las prácticas de quienes controlan el mercado, no queda más remedio que exigir que el Estado regule y proteja a quienes no tienen voz. Estos abusos no sólo afectan a los agricultores, sino que destruyen empleos, precarizan las condiciones de vida en las zonas rurales y condenan al sur de Chile a la pobreza”.
Finalmente Camilo Guzmán aseveró que “hacemos un llamado a toda la ciudadanía a sumarse a esta lucha, a manifestarse y a alzar la voz en contra de los abusos que están destruyendo la economía rural y empobreciendo a nuestras comunidades. Es urgente que las autoridades actúen con decisión, estableciendo medidas concretas que pongan fin a estas prácticas abusivas”.