Nanette Andrade
El presidente de la Asociación Gremial de profesores de Victoria, Luis Hernández Díaz junto a Víctor Maldonado, profesor y miembro de la Asociación Gremial de los Funcionarios de la Educación Municipal de Victoria, dieron a conocer los puntos relevantes que han motivado las recientes movilizaciones de este gremio, incluyendo el paro de 2 días por el cual la Contraloría General de la República está solicitando el descuento de la falta en sus respectivos salarios.
“Nosotros tenemos en la agenda algunos temas que todavía no se han resuelto y que son de gran preocupación para los trabajadores de la educación porque como estos puntos no se resuelven, generan problemas de poder desarrollar de buena manera nuestras funciones como corresponden”, indicó Hernández.
Según el profesor, lo más preocupante “es que no estamos de acuerdo con que se criminalice el derecho a movilización y a la huelga producto del dictamen que sacó la Contraloría General de la República. Nosotros rechazamos el dictamen ya que hay documentos internacionales y nacionales que avalan que todo trabajador en este país tiene derecho a una movilización, a una sindicalización y a una negociación colectiva. Eso considera el derecho a la huelga y eso está estimulado en un convenio que Chile firmó con la Organización Internacional del Trabajo que es el convenio 87 y 98, que especifica y señala que se protege la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y al legítimo derecho a la movilización”.
En este sentido puntualizó que en Victoria el 80% de los establecimientos se sumaron al paro reciente, por lo que los profesores adscritos a los mismos podrían sufrir descuentos en sus salarios por este motivo. “Se supone que estamos esperando porque Contraloría mandó una indicación para que lo aplique a los sostenedores, pero la Contraloría se va a meter en un problema porque estaría desconociendo estos pactos internacionales que tiene Chile con la Organización Internacional del Trabajo”, agregó Hernández.
Igualmente, el líder sindical del profesorado señaló que, “en la ley 20.940 está estipulada en la Constitución de Chile, el articulado dice claramente que todo trabajador en Chile tiene derecho a lo mismo que plantea la OIT, es decir, el derecho a la expresión laboral, a la negociación y a la movilización, de no llegar a acuerdos a una negociación como pasó en la Agenda Corta porque el ministro no respondió. Por eso se fue a una movilización que se materializó en una huelga”.
Pero además asegura que “hay un tercer elemento, los dictámenes de la Corte Suprema, que señalan en algunos aspectos que también han fallado y han reconocido el derecho a la movilización y el derecho de la huelga de los trabajadores cuando no se llega a una negociación con la parte contraria. En este caso, con la respuesta nula que ha dado el Ministerio de Justicia”.
Otras peticiones
Otra de las situaciones que ha motivado su movilización tiene que ver con que se aborde de manera más integral el problema de la violencia dentro de los establecimientos. “Nosotros somos partidarios de apoyar la instalación de los pórticos y cámaras de seguridad para inhibir comportamiento disruptivo de los estudiantes. La mayoría de los gremios están por apoyar la instalación de los pórticos y la revisión de mochilas de los estudiantes”.
Agregó que “nosotros pensamos que la superintendencia no está defendiendo debidamente la seguridad y el derecho de contar con un ambiente adecuado para poder desarrollar nuestras labores como docentes dentro de los colegios. El Estado ha estado muy ausente de este tema. Estamos muy desprotegidos y lo vemos a diario con acciones de violencia que se han emprendido entre estudiantes dentro de los colegios, inclusive agresividad contra los profesores”.
Por otra parte, en el punto tres, se refiere al sistema de evaluación de los profesores. “Lamentablemente, la ley 21.625 establece sanciones para aquellos profesionales que después de dar la prueba en un portafolio, que si no avanzan, corren el riesgo de ser desvinculados en la tercera oportunidad, inclusive en descontarle de su sueldo una parte por no avanzar. Nosotros consideramos que es una medida muy punitiva, porque comparado con otras profesiones no se aplica la misma regla o el mismo criterio”.
Finalmente, el punto cuatro, plantea que debe haber una modificación o una aclaración respecto al bono de retiro para los docentes, establecido en la ley 21.724, con respecto a una claridad de la forma como debiera irse un profesor. “Nosotros consideramos que el bono de incentivo para el retiro debiese cancelarse con la tabla del último mes, del último año trabajado, y no con el año que firmó sus documentos, porque se está produciendo un desfase.
