Redacción
La Multigremial de La Araucanía emitió un comunicado en el que manifestaron su rechazo a la postura gubernamental de darle largas a la tramitación de la Ley de Usurpaciones, mediante su decisión de retirar la urgencia al proyecto.
“En un nuevo capítulo de indiferencia hacia las legítimas preocupaciones de nuestra ciudadanía —se lee en la misiva pública— el Gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric ha vuelto a dar la espalda a la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos al posponer la votación y tramitación de un proyecto de ley de vital importancia: la Ley de Usurpaciones”.
Asimismo señalaron que “cabe recordar que este proyecto, ya respaldado por el Senado y la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, aguardaba para este jueves 10 de agosto su fase decisiva en la sala de dicha cámara. Sin embargo, el Gobierno ha optado por el camino de la dilación, retirando prematuramente la urgencia a este proyecto crucial. Esta maniobra evasiva se evidencia ante la certeza de que no contaba con los votos necesarios para aprobar sus indicaciones propuestas, eludiendo la voluntad democrática del Congreso Nacional”.
“Una vez más —agregaron— la discordancia entre las palabras y los hechos del Gobierno se hace patente, convirtiéndolo en un cómplice pasivo que otorga inmunidad y margen de acción a grupos delictivos violentos”.
La Multigremial también advirtió que “no es la primera vez que esta actitud se pone de manifiesto. Recordemos que durante el mandato anterior, los proyectos de seguridad propuestos por la actual administración fueron rechazados o dilatados por los mismos actores políticos que hoy gobiernan, contradicción repetida a la hora de decidir continuar con el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur o el Indulto a quienes ejercieron violencia durante el Estallido Social”.
Por otra parte, las indicaciones propuestas por el Gobierno en relación con esta ley, como mantener sanciones de multa en lugar de penas de cárcel para lo que llaman “usurpaciones no violentas”, es en esencia mantener la impunidad actual. Esta omisión afecta a numerosos dueños de propiedades en todo el país, privándolos de justicia. Asimismo, la indicación que limita el alcance de la legítima defensa es un claro ejemplo de cómo se privilegia a los delincuentes por encima de las víctimas, sus familias y sus bienes.
“Hacemos un llamado vehemente —concluye el comunicado— a que el Gobierno no repita los errores del pasado y actúe en pos del bienestar y seguridad de nuestra sociedad. La ciudadanía merece una respuesta decisiva y acorde con la magnitud de los desafíos que enfrentamos. La hora de actuar es ahora”.
