Editado por NCA
El Observatorio Judicial, en colaboración con la Multigremial de la Araucanía, publicó los resultados de su último informe sobre Violencia en la Macrozona Sur, relativo a usurpaciones. El documento analiza un total de 211 causas ingresadas a los tribunales de justicia entre 2018 y 2023 en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. De estas, encontramos 34 causas reservadas.
Es importante señalar que, de las 177 causas analizadas, solo el 17% fue formalizada y apenas 4 causas resultaron en condenas, lo que refleja un alarmante 2% de éxito en la persecución penal. En cambio, encontramos 33 causas que terminaron por decisión de no perseverar y 19 que terminaron por sobreseimiento definitivo.
Para José Miguel Aldunate, director de Estudios del Observatorio Judicial, el delito de usurpación se ha convertido en una herramienta clave para grupos violentistas que buscan controlar territorios y ejercer actividades ilícitas como el robo de madera y el narcotráfico.
“Este tipo de delitos —comentó— que suelen ir acompañados de amenazas e incendios, permite a estos grupos imponer su dominio a través de la violencia y la intimidación. Sin embargo, la escasez de condenas en los procesos judiciales por usurpación deja a las víctimas en una preocupante indefensión, fortaleciendo la impunidad y perpetuando la violencia en la región”.
En cuanto a la identidad de los imputados, considerando 177 causas, excluyendo las reservadas, el informe arroja que el 58% (103) es conocida, mientras que en el 42% (74) de los casos restantes las acciones se presentan contra quien resulte responsable. Con todo, los datos muestran que a lo largo del tiempo hay un deterioro relativo en el porcentaje de imputados conocidos en los últimos dos años.
Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, dio cuenta que este nuevo informe sobre usurpaciones “ratifica la total impunidad con que se ha vivido este delito. El informe principalmente detalla casos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley, por lo que servirá como una herramienta útil de comparación en futuros informes respecto a los avances que implica esta nueva ley. Aún hay delito de usurpaciones, han bajado significativamente a partir del estado de emergencia, pero aún ocurren y lo que es más grave es que hay terrenos usurpados y no se hace cumplir la ley en el sentido de desalojarlos”.
