Neimar Claret Andrade
Miembros de las llamadas comunidades mapuche en resistencia de Malleco tomaron, durante la jornada de este lunes 4 de noviembre, la sede de la Defensoría Pública Penal de La Araucanía con el objetivo de exigir más defensores para los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf quienes, junto a Rodrigo Calabrano, están enfrentando el juicio por el homicidio del suboficial de Carabineros Francisco Benavides, perpetrado el 24 de mayo de 2021 en el sector Victoria Unida.
Al respecto y luego de reunirse con los tomistas, el defensor público penal regional de La Araucanía, Renato González Caro, manifestó que “efectivamente el día de hoy (ayer) en la mañana un grupo de comuneros ingresaron a nuestra Defensoría Regional con la finalidad de hacer solicitud a este defensor regional respecto de la defensa de los hermanos Ancalaf que están siendo acusados por el delito de la muerte del sargento Benavides, juicio que se lleva en Angol”.
Según detalló, la entrada de los comuneros a la sede de la Defensoría fue tranquila, tras lo que pidieron que se agreguen dos defensores más a la causa que ya están representando. “Tenemos dos abogados defensores penales públicos en representación tanto de Matías Ancalaf y Moroni Ancalaf y en ese contexto la Defensoría Penal Pública brinda la defensa que corresponde”.
González Caro dijo que originalmente los hermanos Ancalaf contaban con cuatro defensores públicos penales, pero que ellos renunciaron, la semana pasada, a dos de ellos y que la Defensoría tomó la decisión de no reemplazarlos debido a que la preparación de la causa es de larga data y fue desarrollada por los 4 defensores originales y “en esa lógica agregar dos defensores que no tenían conocimiento de la causa y no pueden tenerlo en un período tan corto, nos parecía que no tenía utilidad en la lógica de la defensa técnica”.
En ese sentido subrayó que esta decisión se va mantener, por lo que la toma también persistiría, pero que “vamos a revisar eso; la decisión de dos abogados y no sumar más abogados fue informada al Tribunal el día de hoy (ayer) en la mañana, un oficio que quien la suscribe y respecto a ese tema, esa decisión aún se mantiene lógicamente por la defensa técnica”.
Con respecto a la toma del edificio, el defensor público penal regional dijo que es un recinto público el que está tomado por lo que conversaría al respecto con las autoridades pertinentes.
Los desalojaron
Durante la tarde de este lunes 4 de noviembre, la Defensoría Pública Penal emitió un comunicado oficial sobre la situación.
“La Defensoría Penal Pública —se lee en la declaración pública— condena enérgicamente la toma ilegal de sus oficinas regionales en La Araucanía, perpetrada por un grupo de personas. Este acto violento impidió que nuestras funcionarias y funcionarios garantizaran el acceso a la justicia, un derecho fundamental de todas y todos”.
Asimismo señalaron que “rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia y reiteramos nuestro compromiso al diálogo como herramienta para resolver conflictos e instamos a quienes llevaron a cabo esta acción, a buscar soluciones pacíficas. Lamentamos que esta situación haya culminado con un desalojo policial de nuestras instalaciones, con personas detenidas y con daños a la propiedad fiscal”.
Finalmente indicaron que “a pesar de este incidente, la Defensoría Penal Pública se mantiene firme en su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas y continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades locales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de nuestros funcionarios y funcionarias, y de la comunidad”.
