Andrea Jaque
Robo en Complejo Educacional Victoria
El 5 de abril, cerca de las 04:00 horas, J.A.P. N ingresó mediante escalamiento y forzamiento de
una ventana al recinto ubicado en calle José Miguel Carrera. Sustrajo equipos tecnológicos,
televisores, computador, impresora y parlantes, avaluados en $850.000 pesos. Parte de las
especies fueron recuperadas por la PDI.
Robo en Establecimiento Marcela Paz
El 12 de abril, entre las 05:50 y 06:30 horas, el imputado accedió al recinto tras saltar un muro y
forzar puertas interiores. Sustrajo alimentos destinados a la comunidad escolar, entre ellos carne,
yogurt y palta, por un avalúo de $400.000 pesos. Parte de los productos fueron recuperados.
Nuevo ingreso a Marcela Paz
El 15 de abril, J.A.P.N junto a M.A.U.P de 24 años y J.L.V.M de 35 años, ingresaron nuevamente
al establecimiento. Tras forzar accesos y utilizar un bote de basura para trasladar las especies,
sustrajeron carne y lácteos por un avalúo de $250.000 pesos. La PDI recuperó parte de lo robado.
Pese a la participación reiterada de J.A.P. N en los tres hechos delictuales, la resolución judicial
decretó únicamente la medida cautelar de prohibición de acercarse a los establecimientos
educacionales y de comunicarse con sus coimputados. La Fiscalía había solicitado prisión
preventiva, argumentando el evidente peligro que su libertad representa para la seguridad de la
sociedad.
Para M.A.U.P y J.L.V.M también se dispuso sólo la prohibición de acercarse a los recintos
educativos. El plazo de investigación fue fijado en tres meses y la Fiscalía evalúa apelar la
resolución, principalmente respecto de J.A.P. N
La decisión judicial abre un debate inevitable: ¿cómo se explica que un imputado con participación
en tres robos con fuerza, formalizado en carácter reiterado, quede en libertad bajo medidas
cautelares mínimas? La ciudadanía espera respuestas claras, mientras el Ministerio Público
insiste en que la resolución no refleja el nivel de riesgo que implica mantener al imputado en
libertad.
Este caso, más allá de los hechos delictuales, pone en el centro la discusión sobre la
proporcionalidad de las medidas cautelares y la protección efectiva de las instituciones educativas
y las personas, frente a la delincuencia reiterada.
