Neimar Claret Andrade
Durante la jornada de este miércoles 11 de junio y sólo 14 meses después de los hechos, la Fiscalía Regional de La Araucanía presentó una acusación en contra de Felipe Antihuen Santi, Yeferson Antihuen Santi, Tomás Antihuen Santi y Nicolás Rivas Paillao, por su presunta participación en el homicidio calificado de tres funcionarios de Carabineros, ocurrido la noche del 26 de abril de 2024, mientras realizaban labores de patrullaje y fiscalización de medidas cautelares en el sector de Antiquina, comuna de Cañete, región de Biobío.
El escrito de acusación que consta de 110 páginas, fue ingresado ante el Juzgado de Garantía de Cañete por el fiscal regional Roberto Garrido Bedwell.
Las víctimas —el sargento 1° Carlos Cisternas Navarro, el cabo 1° Sergio Arévalo Lobos y el cabo 1° Misael Vidal Cid, pertenecientes a la 4° Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros en Los Álamos— fueron emboscadas, desarmadas y ejecutadas. Posteriormente, sus cuerpos fueron quemados junto al vehículo policial, utilizando combustible y la motosierra institucional como acelerantes.
Además, la Fiscalía atribuye a Yeferson Antihuen otros hechos delictivos ocurridos en marzo de 2023, incluyendo un robo con intimidación a trabajadores de una empresa de telecomunicaciones. Este delito derivó en una persecución policial y disparos contra funcionarios de la Armada, configurándose un segundo caso de homicidio calificado en grado de frustrado.
Tras presentar el escrito acusatorio, el fiscal regional, Roberto Garrido Bedwell manifestó que “en la acusación hemos solicitado las penas más altas que contempla nuestra legislación por el triple homicidio de los funcionarios de Carabineros, esto es el presidio perpetuo calificado respecto de las cuatro personas formalizadas y hoy día acusadas. Esto implica que en el caso de que sean considerados culpables deberán pasar el resto de su vida privados de libertad”.
“Pero además —explicó— hemos solicitado otras penas privativas de libertad en consideración a otros delitos que también fueron imputados y respecto a los que tenemos elementos de convicción suficientes para acreditar su participación”.
El fiscal Garrido consideró que “la acusación se sustenta en todos los elementos de convicción reunidos durante la indagatoria y estos constan de más de 120 testimonios que han sido ofrecidos en la acusación, además de 80 pruebas periciales, 80 peritos que también se solicita su declaración en el juicio y más de 1.200 evidencias materiales y documentación, además de fotografías que han sido reunidas durante todo el periodo de investigación”.
Con respecto a Jefferson Antihuen que es el único de los cuatro implicados que prestó declaración y sólo para negar su participación en el hecho, detalló que es al que se le están pidiendo las penas más altas, pues además de su participación en el triple homicidio, también se le está acusando por unos delitos perpetrados con anterioridad “y que justamente del análisis, del trabajo, de la evidencia de ese caso, que corresponde a un delito de robo con violencia, que permitió también vincularlo con el homicidio de los funcionarios de Carabineros”.
Penas solicitadas para los acusados
Felipe Antonio Antihuen Santi: Presidio perpetuo calificado por homicidio calificado de carabineros, además de 24 años y 300 días adicionales por otros delitos y multas por 25 UTM.
Tomás Damián Antihuen Santi: Presidio perpetuo calificado por homicidio calificado de carabineros; 29 años y 300 días adicionales y multas por 25 UTM.
Yeferson Alexander Antihuen Santi: Presidio perpetuo calificado por homicidio calificado de carabineros; 52 años, 1 día y 300 días adicionales por otros delitos, incluyendo homicidio frustrado a funcionarios de la Armada y multas por 75 UTM.
Nicolás Bastián Rivas Paillao: Presidio perpetuo calificado por homicidio calificado de carabineros y 15 años adicionales por robo con violencia.
Los hechos
El día 26 de abril del año 2024, los funcionarios de dotación de la 4° Comisaría de Carabineros de Control de Orden Público de Los Álamos, sargento 1° Carlos José Cisternas Navarro; cabo 1° Sergio Antonio Arévalo Lobos y el cabo 1° Misael Magdiel Vidal Cid, se encontraban de servicio en la población, realizando el servicio denominado punto de control cuatro, entre cuyas labores estaban efectuar patrullajes preventivos en sectores rurales de la comuna de Cañete, cumplir con medidas de protección y realizar controles de medidas cautelares.
Para el cumplimiento de sus labores, los funcionarios de Carabineros se desplazaban en una camioneta institucional dotada de una cabina blindada, y todos los funcionarios contaban con medidas de seguridad, entre las que se encontraban chalecos antibalas, cascos balísticos y armas institucionales.
Siendo aproximadamente las 23:30 horas del 26 de abril del año 2024, los tres funcionarios de Carabineros se desplazaron hacia el sector Antiquina en la comuna de Cañete, con el objeto de fiscalizar una medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno. En su trayecto a la altura del kilómetro 25 aproximadamente de la ruta P- 72 S que une las localidades de Cañete y Tirúa, ingresaron por un camino vecinal recorriendo los 5 kilómetros aproximadamente que separan dicha intersección del domicilio donde debía controlarse la medida cautelar. Posteriormente accedieron a un callejón de 34 metros que carecía de luz artificial y que, dada su configuración, no permitía al móvil realizar una maniobra de giro, además el portón de acceso a la propiedad donde debía controlarse el cumplimiento de la medida cautelar se encontraba ese día excepcionalmente cerrado.
En este contexto, aprovechando la apertura de una de las puertas de la camioneta, un número indeterminado de sujetos entre los que se encontraban los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuen Santi, quienes permanecían ocultos en la vegetación, rodearon la camioneta y previstos de armas de fuego, armamento que poseían sin contar los permisos legales y reglamentarios respectivos, emboscaron a los funcionarios de Carabineros, los redujeron y les sustrajeron mediante violencia e intimidación y otras vías de hecho, una cámara GoPro, las radios de comunicación, al menos un teléfono celular, además de los implementos de seguridad y las armas institucionales que ya han sido indicadas anteriormente.
Una vez sustraídas las especies ya referidas y mientras las víctimas se encontraban fuera del móvil institucional, reducidos y sin posibilidad de defensa o de oponer resistencia, les dispararon con armas de fuego, dándole muerte en el mismo lugar.
Consumado lo anterior, los imputados y los demás partícipes cargaron los cuerpos de los funcionarios de Carabineros en el pick up del vehículo institucional y los trasladaron primero por un camino vecinal distinto al que emplearon los propios funcionarios para llegar hasta el lugar donde fueron atacados. Para esto atravesaron la Comunidad Nicolás Calbullanca, para a través de ella acceder a la ruta P-72 S y continuar en dirección a la localidad de Cañete, hasta el kilómetro 24 de dicha ruta, lugar en el que posicionaron en forma perpendicular la camioneta en la vía sobre la calzada derecha, poco después de las 00:00 horas del día 27 de abril del año 2024 e incendiarla, provocando la destrucción del vehículo policial y ocasionaron un mal adicional atentatorio en contra de la honra y la dignidad de las víctimas, afectando sus cuerpos por la acción del fuego.
Por último, efectuaron disparos y huyeron del lugar.
La investigación permitió establecer que tanto la emboscada como el conjunto de ilícitos descritos fueron preparados con antelación con ánimo frío y tranquilo y obedecen a un plan criminal en cuya elaboración y ejecución participaron a lo menos los imputados Tomás, Felipe y Yeferson, todos Antihuen Santi y también Nicolás Rivas Paillao.
