Neimar Claret Andrade
Un pronunciamiento de la Contraloría General de la República desestimó la solicitud de
incapacidad temporal presentada contra el alcalde de Collipulli, Manuel Macaya Ramírez luego de
una denuncia ingresada por parlamentarios y concejales que buscaba suspenderlo
transitoriamente del ejercicio del cargo.
El requerimiento había sido impulsado por los diputados Jorge Saffirio, Emilia Nuyado y Coca
Ñanco y las concejalas Jacqueline Ponce y Carolina Valenzuela, quienes solicitaron que el
organismo se pronunciara respecto de la situación del jefe comunal en el marco de una causa
judicial por desacato.
De acuerdo con los antecedentes, la solicitud apuntaba a evaluar una eventual inhabilitación
mientras se desarrollaba el proceso, considerando que la normativa contempla la incapacidad
temporal cuando existe acusación por delitos que conllevan penas aflictivas. Sin embargo, el
órgano contralor concluyó que las condiciones legales no se cumplen en este caso.
Durante la última sesión del Concejo Municipal, el alcalde dio a conocer el contenido del fallo y
expresó su postura frente al resultado a través de sus redes sociales. “A pesar de haber sido
interrumpido por las concejalas Valenzuela y Ponce, de una forma que no corresponde al respeto
que merece este espacio cuando intentaba exponer esta resolución, me quedo con la tranquilidad
de haber actuado con la verdad y la convicción de siempre. Más allá de cualquier interrupción, la
verdad siempre termina prevaleciendo”.
El documento de Contraloría indica que el organismo no puede pronunciarse sobre la incapacidad
temporal cuando la acusación del Ministerio Público no contempla un delito que implique pena
aflictiva y recordó, además, que el alcalde Macaya fue procesado en 2023 por desacato y
posteriormente absuelto por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol.
“El alcalde de la Municipalidad de Collipulli —señala la resolución de la Contraloría— fue
procesado en causa 2023 por el delito de desacato por el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli
y posteriormente absuelto por el Tribunal en el Juicio Oral en lo Penal de Angol. Debe recordarse
que la incapacidad temporal del respectivo alcalde se produce una vez que el Ministerio Público
comunica a este Organismo de Control que aquel se encuentra acusado por un delito que merece
pena aflictiva. En tales condiciones, no es posible exigir que se haya suspendido el derecho a
sufragio de la referida autoridad con motivo de la acusación de que se trata, por una parte, no
consta que el persecutor solicitara dicha pena, y por otra, la entidad jurisdiccional competente no
lo incluyó en la nómina que debía remitir al Servel, ni ofició a ese servicio para tal fin”.
El pronunciamiento cerró la solicitud presentada por los denunciantes y dejó sin efecto las
medidas que buscaban suspender temporalmente al jefe comunal mientras se analizaban los
antecedentes.
