La diputada Gloria Naveillan, presidenta de la Comisión de Agricultura, manifestó su preocupación frente al inminente decreto supremo que pondrá en marcha la Ley de Biocombustibles Sólidos, advirtiendo que la normativa, tal como está planteada, podría generar graves consecuencias para diversos rubros productivos y, sobre todo, para las familias más vulnerables que dependen de la calefacción a leña en regiones como La Araucanía.
La parlamentaria señaló que los documentos técnicos y observaciones de distintos actores evidencian múltiples problemas que no han sido considerados. Entre ellos, la falta de diferenciación entre pellet y leña, la nula consideración del problema real de la leña húmeda, los plazos excesivamente cortos para la implementación y los altos costos que implicaría para las familias cambiar sus sistemas de calefacción tradicionales.
“Estamos hablando de una calefacción arraigada en la cultura del sur de Chile, utilizada por familias de escasos recursos que no tienen alternativa inmediata. Pretender reemplazarla en pocos años, sin apoyo económico ni soluciones transitorias, es simplemente desconocer la realidad local. No se puede legislar desde un escritorio en Santiago y dejar de lado la vida cotidiana de miles de familias”, subrayó Naveillán.
La diputada además cuestionó que Chile pretenda aplicar exigencias más estrictas que países desarrollados como Noruega o Estados Unidos, pero sin contar con subsidios ni programas de apoyo equivalentes. “Ellos pueden implementar normas duras porque acompañan a la gente con recursos. Acá, en cambio, se empuja a las familias a un gasto imposible, y a pequeños productores y comerciantes a la quiebra”, recalcó.
Asimismo, advirtió que los plazos fijados en el anteproyecto solo cuatro años son muy reducidos en comparación con los seis u ocho que otorgan otras naciones. Esto, sumado al alto costo de la certificación de equipos, terminará encareciendo la calefacción y limitando el acceso a un bien esencial.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Agricultura, Naveillan anunció que solicitará en los próximos días una evaluación conjunta con el Ministerio de Energía y otras autoridades competentes para analizar la transitoriedad de la medida y, si es necesario, ampliar los plazos de aplicación de la ley.
“No podemos permitir que una normativa que supuestamente busca mejorar el aire termine afectando a los que menos tienen. El foco debe estar en asegurar el uso de leña seca y accesible, en lugar de imponer exigencias que resultan inalcanzables para la mayoría de las familias del sur”, concluyó la diputada.
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