Un proyecto de acuerdo solicitando al presidente Boric que envíe al Congreso un proyecto de ley que exima del pago de contribuciones a las propiedades que han sido usurpadas o destruidas en ataques incendiarios, presentaron los senadores Carmen Gloria Aravena, José García Ruminot y Rafael Prohens, iniciativa que contó con el apoyo de 26 firmas.
El fundamento de la iniciativa impulsada por los congresistas es que ambas situaciones, tanto la usurpación como los atentados incendiarios a inmuebles, impiden que las familias afectadas puedan ejercer las facultades más básicas del dominio, como son el uso, goce y la disposición de la propiedad, por lo cual es injusto que además tengan que pagar el impuesto territorial.La situación es especialmente crítica en la Macrozona Sur, ya que de acuerdo a cifras de Carabineros, entre 2020 y el primer semestre de este año, se han registrado 481 usurpaciones en las provincias de Arauco, Biobío, Cautín y Malleco. En tanto, 627 inmuebles fueron incendiados en el mismo período en esa parte del pals.
Para los legisladores, el no poder habitar sus viviendas, no puede ser atribuible a la responsabilidad de los propietarios, sino a la completa inacción del Estado, que ha sido incapaz de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales en la Macrozona Sur.
En esa línea, la senadora Carmen Gloria Aravena indicó que “resulta inentendible que las familias propietarias no pudiendo vivir o trabajar en la propiedad debido a la negligencia del Estado, además tengan que pagar contribuciones”. Según los congresistas, la situación es más compleja aún, porque si las contribuciones no son pagadas, puede significar el embargo de la propiedad y posteriormente su remate. “El mayor absurdo de esto es que la propiedad de una familia que fue usurpada o destruida en un atentado incendiario provoca que el propietario sea despojado de lo suyo y no pueda pagar las contribuciones, donde, luego, el Estado, que previamente no le otorgó seguridad, además lo castigue quitándole la propiedad. Esta situación injusta no puede ser admisible en nuestro Estado Democrático de Derecho”, agregó Aravena
A su vez, el senador José García Ruminot indicó que “necesitamos poner al día nuestra legislación que tiene más de 140 años. Un informe de Carabineros advierte que las limitaciones se enmarcan en la cuantía de la pena, dado que el delito de usurpación tiene penas de multa y no proceden las medidas cautelares.
Asimismo, existe un informe sobre cómo se ha desarrollado el delito de usurpación estos últimos meses: 22 % de las denuncias proviene de organismos del Estado, entre ellos, las municipalidades. Por lo tanto, este es un instrumento, una modernización de nuestro ordenamiento jurídico, que también es requerido por organismos del Estado. Aquí hay chilenos y chilenas que a diario sufren la pérdida de sus propiedades, mientras que los agricultores pierden la posibilidad de trabajar porque simplemente alguien les impide sembrar, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria”.
Por lo mismo, los senadores firmantes del proyecto de acuerdo, solicitaron al Presidente Boric que ingrese un proyecto de ley que modifique las disposiciones vinculadas a la ley N°17.235 sobre impuesto territorial, permitiendo a la Tesorería General de la República eximir del pago de contribuciones a aquellas viviendas usurpadas o destruidas por ataques incendiarios.
