Neimar Claret Andrade
La Contraloría Regional de La Araucanía emitió el Informe Final de Investigación Especial N°
451/2025, fechado el 2 de marzo de 2026, respecto de eventuales irregularidades en el pago de
remuneraciones al director del Departamento de Salud Municipal (DSM) de Angol anterior.
La investigación se inició para revisar los pagos efectuados al funcionario mientras se encontraba
bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras era investigado y
juzgado por abuso sexual.
Según el documento, el objetivo fue determinar si las remuneraciones pagadas durante ese
periodo se ajustaron a la normativa vigente y si existían debilidades en los mecanismos de control
interno.
Montos involucrados
De acuerdo con los antecedentes revisados, el director del DSM percibió durante los años 2023 y
2024 un total de 81 millones 374 mil 696 de pesos por concepto de remuneraciones; en particular,
mientras se encontraba bajo medidas cautelares, entre el 30 de mayo de 2023 y el 16 de
septiembre de 2024, el municipio pagó 52 millones 662 mil 470 de pesos en remuneraciones.
La denuncia que dio origen a la fiscalización señalaba que el funcionario habría justificado dicho
periodo mediante licencias médicas, permisos administrativos y feriados legales, pese a que la
municipalidad tenía conocimiento de las medidas cautelares que pesaban en su contra.
El informe también identificó falencias en los procedimientos internos del Departamento de Salud
Municipal, entre ellas, la inexistencia —durante los periodos revisados— de un instrumento
formal que regulara de manera detallada el control de licencias médicas y permisos
administrativos con o sin goce de remuneraciones.
Asimismo, se advirtió la ausencia de directrices claras respecto de la tramitación de beneficios
funcionarios en casos donde existieran medidas cautelares o procesos judiciales en curso.
Frente a estas observaciones, la Contraloría instruyó a la entidad municipal materializar
procedimientos comprometidos, incluyendo un instructivo de permisos laborales y un protocolo
de remuneraciones con mecanismos de control conjunto entre Recursos Humanos y Finanzas, los
que deberán ser acreditados en un plazo de 60 días hábiles.
Situación administrativa
En paralelo, el informe da cuenta de que se aplicó una sanción consistente en una multa
equivalente al 10% de la remuneración mensual del funcionario, además de la anotación en su
hoja de vida.
Posteriormente, mediante decreto alcaldicio, se instruyó una nueva investigación sumaria tras
conocerse la sentencia condenatoria emitida por el Poder Judicial, procedimiento que derivó en la
suspensión de funciones del funcionario.
La Contraloría recordó, además, que la responsabilidad administrativa es independiente de la
responsabilidad penal, por lo que una condena judicial no excluye la aplicación de medidas
disciplinarias por los mismos hechos.
Tras conocerse el informe, el exconcejal Juan Fernández, quien fue uno de los denunciantes de
este tema, manifestó que “en definitiva viene a ratificar lo que desde el momento que era concejal
teníamos la sospecha, porque los pagos que estaba realizando el municipio a la persona en
cuestión eran improcedentes porque, justamente, las licencias médicas coincidían mágicamente
con el proceso judicial que estaba llevando cierta persona”.
“Pese a que el proceso demoró —recalcó— vemos en el informe que se detalla de manera
explícita tanto la respuesta desde el asesor jurídico de la Municipalidad como del director
subrogante del Departamento de Salud, quien además ratifica la falta de control interno de la
Municipalidad y también la falta de rigurosidad al momento de decidir a quién se le paga la
remuneración y a quién no y bajo qué condiciones”.
Al ser consultado acerca de lo que sigue, el exconcejal Fernández dijo que “la Contraloría, primero
que nada instruyó a la Municipalidad que tienen que buscar la forma de reponer los recursos que
les fueron pagados mediante remuneración a esta persona. La Municipalidad tiene que devolver
los recursos también a, en este caso, al COMPIN y además, dicho informe fue derivado al Consejo
de Defensa del Estado conjuntamente por el daño a los recursos públicos, así que posiblemente se
va a generar otra investigación en paralelo ya por otra institución hacia la Municipalidad, en este
caso en específico al Departamento de Salud Municipal”.
