Neimar Claret Andrade
El presidente de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán denunció, ante la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural del Congreso Nacional a la que fue invitado, que en Chile, el muestreo del trigo importado presenta serias deficiencias en términos de fiscalización y control de calidad.
“Las inspecciones —aseguró el líder agrícola— son limitadas y se realizan con criterios de riesgo que dependen de los antecedentes del importador, lo que significa que no todas las partidas de trigo importado son analizadas en laboratorio para detectar residuos de plaguicidas u otros químicos”.
En ese sentido dijo que “este enfoque poco sistemático deja abierta la posibilidad de que ingresen al país granos contaminados, afectando la seguridad alimentaria y la salud pública. A esto se suma que recién en el bienio 2025-2026 se planea incluir al trigo importado en un programa más amplio de vigilancia, dejando un vacío crítico en el control actual”.
Guzmán detalló que entre los riesgos asociados al actual sistema de fiscalización se encuentra el hecho de que el ingreso de trigo con residuos químicos podría trasladar estos contaminantes a la harina y a los alimentos elaborados, generando riesgos para los consumidores. “La exposición acumulativa a ciertos químicos podría tener efectos graves en la salud, que van desde intoxicaciones leves hasta problemas crónicos”.
Asimismo se refirió a la falta de equidad regulatoria, en términos de que “mientras los agricultores nacionales están sometidos a estrictos controles de calidad y límites máximos de residuos (LMR), el trigo importado no enfrenta las mismas exigencias. Esto no sólo pone en peligro a los consumidores, sino que también representa una competencia desleal para los productores locales”.
Guzmán también habló sobre el impacto en la trazabilidad y confianza, puesto que “sin un control riguroso, es imposible garantizar la trazabilidad de los lotes contaminados, lo que pone en riesgo a toda la cadena productiva y debilita la confianza en la regulación alimentaria”.
Finalmente el presidente de Agricultores Unidos advirtió que otro de los riesgos es la distorsión hacia los agricultores nacionales, ya que “este sistema desigual de control constituye una distorsión más que afecta a los agricultores chilenos, quienes deben asumir costos adicionales para cumplir con normativas estrictas que, en la práctica, no se aplican con la misma rigurosidad a los productos importados. Esto no sólo perjudica la competitividad de los productores nacionales, sino que también fomenta una dependencia insostenible de alimentos importados cuya calidad no está completamente garantizada. En un contexto donde la seguridad alimentaria debería ser una prioridad, estas prácticas refuerzan un modelo económico que privilegia lo externo en detrimento de lo nacional, afectando a los agricultores locales y a todos los habitantes del territorio”.
