Neimar Claret Andrade
A través de un comunicado, la Junta Nacional de Presidentes de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, los presidentes regionales y la directiva nacional acordaron de manera unánime manifestar que desde hace tres décadas vienen reclamando la necesidad de modificar el régimen de nombramientos de jueces y otras autoridades del ámbito judicial, por ser incompatible con un Estado Democrático de Derecho.
“Esta Asociación —señalaron— promueve que la función judicial sea ejercida con integridad y, sobre todo, ajena a cualquier sospecha de corrupción. Además, hacemos un llamado al diálogo y a una mayor participación de entes técnicos para modificar el sistema de nombramientos”.
En ese sentido explicaron en la misiva pública que “el actual sistema permite, entre otras deficiencias, que se desplieguen conductas en paralelo a las reglas legales, que se traducen en relacionamientos impropios y no deseados de jueces con autoridades políticas e intermediarios, que se erigen como gestores de intereses en los procesos de nombramientos”.
“La sociedad chilena no puede engañarse —argumentaron los magistrados en su comunicado— lamentablemente, estas conductas se han normalizado durante toda la historia republicana y ha habido resistencia del mundo político a ver el problema y posibilitar el cambio. Los jueces organizados en esta Asociación, hemos sido los primeros en requerir la creación de un órgano autónomo transparente, ajustado a normas legales virtuosas y a excluir a las Cortes de toda intervención en estos nombramientos”.
Asimismo se lee en el comunicado que “se lo hemos pedido a todos y por todos los medios. A los ministros de Justicia de gobiernos de todos los colores. A la Corte Suprema, para que de la mano de su facultad de representar al poder político las deficiencias normativas, se hiciera parte esta imperiosa necesidad de excluir a los jueces de este escenario y de someter su promoción a reglas objetivas y meritocráticas. Lo hicimos en entrevistas, en peticiones directas y detalladas; en proyectos acabados presentados a las autoridades; en comparecencias ante los órganos legislativos, en una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; al Comisionado de Naciones Unidas de independencia judicial. También, en columnas, en notas de prensa, en inserciones de periódicos. Lo planteamos también en los dos procesos constituyentes”.
“Con todo —indicaron— es fundamental comprender que el escenario generalizado que pone a los jueces en la posición de abogar en la mayoría de los casos ante autoridades políticas, para hacer mínimamente viable su promoción en un concurso determinado, en el ejercicio de una legítima aspiración de promoción, difiere de cualquier otro que pudiese estar relacionado con la comisión de delitos. No es más que una patología de un pésimo sistema legal de nombramientos, que no ha querido ser modificado a pesar de nuestras advertencias”.
Finalmente la Junta Nacional de Presidentes de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile precisaron que “al amparo de nuestro compromiso irreductible con una función judicial íntegra, reforzamos nuestra demanda por una urgente reforma del sistema de nombramientos de las autoridades judiciales, al tiempo que señalamos enfáticamente que rechazamos, —cualquiera sea el potencial involucrado— toda conducta que en el ámbito de tales investigaciones pueda develarse como constitutiva de actos de corrupción. Por lo anterior, esperamos que los órganos de persecución investiguen con máximo celo y sin exclusión alguna, todos los hechos que pudieren configurar tales ilícitos”.
