Uno de los blancos permanentes de las orgánicas radicales que operan en La Araucanía, son los recintos religiosos de distintos credos. En los últimos años, 45 iglesias y parroquias de la zona han sido destruidas en atentados incendiarios, afectando a muchas comunidades, que se ven imposibilitadas de profesar su fe.
Para inhibir este tipo de delitos, la senadora Carmen Gloria Aravena presentó tiempo atrás, junto a su par José García Ruminot, un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones a los autores de estos ilícitos, con penas que van desde cinco años y un día a veinte años de reclusión. La tramitación de la iniciativa ha tenido un largo peregrinar en el Congreso, donde la idea de legislar fue rechazada el pasado lunes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por lo que llegará con informe negativo al hemiciclo.
Al respecto, la legisladora dijo lamentar la determinación de los diputados de esa instancia que se opusieron en la Comisión, ya que si la propuesta legal no logra avanzar ni se aprueba, “se pone en riesgo la libertad de culto en el país, ya que actualmente sale prácticamente gratis cometer estos delitos, cuando se logra identificar y detener a los responsables”.
La legisladora agregó que “presenté este proyecto tras el impacto que me generó ver durante el estallido, la crueldad con que grupos violentistas atacaron sin piedad estos recintos en distintas partes de Chile, destruyendo lugares que son sagrados para todos quienes profesamos un credo y pertenecemos a comunidades religiosas”.
La senadora Aravena agrega que en el caso de las iglesias destruidas en La Araucanía, muchas de ellas católicas y evangélicas, un número importante no ha podido ser reconstruida por la falta de recursos, afectando a diversas comunidades, que ya no se pueden reunir en esos lugares para practicar su fe”.
La legisladora finalizó afirmando que “cuesta comprender que haya parlamentarios que se oponen a esta normativa, porque no se ponen en el lugar de las víctimas, que ven vulnerado un derechos fundamental que está consagrado en la Constitución como es la libertad de culto y que el Estado tiene la obligación de resguardar, pero claramente no lo está haciendo, y este tipo de posturas contrarias no hacen más que debilitar la garantía de ese derecho”.
