La toma de 5 mil hectáreas de terrenos ubicados en Angol, pertenecientes a personas y empresas forestales, protagonizado por la comunidad María Cayulleo con apoyo armado de la agrupación terrorista CAM, motivó el emplazamiento al Gobierno de la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, para que se otorgue urgencia al proyecto de ley que aumenta las penas por usurpación de predios.
Tal propuesta fue presentada por Aravena en 2020, junto a los senadores Chahuán, Pugh y García Ruminot, y que no registra mayores avances en su tramitación en el Congreso.
La congresista calificó esta nueva toma de terrenos como “un hecho de la máxima gravedad, que no solo atenta contra el derecho a la propiedad privada, sino que también contra el estado derecho y las garantías fundamentales que tienen quienes viven y trabajan en esos predios”.
Esto, tomando en consideración que este tipo de delitos se ha incrementado de forma importante los últimos meses, como lo reconoció la Fiscalía de La Araucanía.
La senadora Aravena llamó al Gobierno a tomar cartas en el asunto para el desalojo inmediato de esos predios. Además, pidió al Ejecutivo que se sume a los requerimientos que existen para declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones terroristas que operan en la Macrozona Sur, entre ellas, la CAM.
“Aquí tiene que haber de una buena vez señales claras del Gobierno de que no seguirá permitiendo que se vulnere la ley y se comentan delitos de forma impune. En Chile, la propiedad privada está consagrada y resguardada por la Constitución, por lo tanto, aquí corresponde que el Estado utilice todos los instrumentos que le otorga el estado de derecho para resguardar los derechos de los ciudadanos, que están siendo vulnerados de forma flagrante por el crimen organizado”, puntualizó la legisladora.
Aravena agregó que “estamos frente a organizaciones que no claudicarán en continuar con sus objetivos de resistencia y control territorial, con su ofensiva subversiva en contra del Estado de Chile y sus habitantes, y ante ese escenario, hay se requiere el compromiso efectivo del Gobierno de disponer todos los recursos para desarticular a estos grupos y restablecer el estado de derecho en la Macrozona Sur”.
“Usurpar terrenos hoy sale prácticamente gratis, y ante eso, el camino es avanzar con la máxima urgencia en tramitar y aprobar el proyecto que presenté junto a otros senadores para aumentar las penas por este delito”, concluyó la congresista.
